El tratado global de plásticos se estancó. El mercado, no.

Dónde están realmente las negociaciones

El proceso del tratado global de plásticos comenzó en 2022, cuando los estados miembros de la ONU acordaron negociar un instrumento jurídicamente vinculante sobre contaminación plástica con un plazo ambicioso: texto terminado a fines de 2024. Ese plazo quedó atrás hace tiempo. La quinta sesión negociadora no logró concluir en Busan en diciembre de 2024, y su segunda parte reanudada, la INC-5.2, reunió a unas 184 naciones en Ginebra en agosto de 2025 y se levantó el 15 de agosto de 2025 sin un texto acordado.

Los días finales en Ginebra fueron elocuentes. En las últimas 24 horas circularon dos borradores de compromiso, ambos centrados en medidas voluntarias, y ambos fueron rechazados por la coalición de países que impulsa un acuerdo vinculante y ambicioso. Muchos negociadores salieron de la sala repitiendo la misma conclusión: mejor ningún acuerdo que uno débil.

Desde entonces el proceso reinició su maquinaria, no su sustancia. El presidente del comité, Luis Vayas Valdivieso, renunció en octubre de 2025. Una sesión de un solo día en Ginebra, el 7 de febrero de 2026, la INC-5.3, fue puramente organizativa: los estados miembros eligieron a Julio Cordano, de Chile, como nuevo presidente y volvieron a casa. No hubo negociación sustantiva y no hay fecha fijada para la próxima ronda completa.

Por qué se traba una y otra vez

Las líneas de fractura han sido estables en todas las sesiones, y vale la pena entenderlas porque predicen qué podrá contener un tratado eventual y qué no.

• Producción versus gestión de residuos. Un bloque numeroso, que incluye a la UE y a muchos estados latinoamericanos, africanos e insulares, quiere medidas aguas arriba que toquen la producción misma de plástico. Un bloque más pequeño de estados petroquímicos insiste en que el tratado se quede aguas abajo, en gestión de residuos y reciclaje.
• Químicos de preocupación. Si el instrumento debe restringir polímeros y aditivos específicos a escala global o dejar la gestión química a discreción nacional.
• El dinero. El diseño de un mecanismo financiero para financiar la implementación en países en desarrollo, y quién lo aporta.
• Vinculante versus voluntario, consenso versus votación. La grieta más profunda de todas: si las obligaciones obligan y si una minoría puede vetar. La regla del consenso explica cómo una minoría decidida ha podido frenar el texto durante tres años.

Un reinicio procesal con nuevo presidente no disuelve ninguno de esos desacuerdos. Vuelve a poner la mesa alrededor de ellos.

La lectura estratégica: la regulación no está esperando

Sería un error leer Ginebra como un respiro. Mientras la vía global se estanca, las vías vinculantes siguen avanzando, y son las que tocan los presupuestos de compras.

Los requisitos europeos de contenido reciclado están vigentes y en escalada, con la fecha general de aplicación del reglamento de envases alcanzada en agosto de 2026, un régimen que mapeamos en nuestro análisis de las metas europeas de contenido reciclado. El mandato de contenido de California subió a 25% en 2025 con 50% asegurado para 2030, parte de la estructura de dos leyes que examinamos en nuestra revisión de las leyes SB 54 y AB 793. Los sistemas de depósito siguen extendiéndose a nivel estatal y nacional. Ninguno de estos instrumentos necesitó un tratado, y ninguno lo va a esperar.

El estancamiento del tratado incluso retroalimentó el comportamiento corporativo: cuando las grandes marcas recortaron sus promesas voluntarias de empaque a fines de 2024 y en 2025, varias señalaron la ausencia de reglas globales armonizadas como parte del argumento. El resultado es una paradoja que la industria debería internalizar: el fracaso de la vía voluntaria global convirtió a la vía regional vinculante en la única línea base confiable de planeación.

Qué cambiaría un tratado, todavía

Nada de esto vuelve irrelevante el proceso. Un instrumento terminado, incluso modesto, importaría a la economía de materiales reciclados por al menos tres vías. Estándares globales de reporte y diseño armonizarían qué cuenta como reciclable y como contenido reciclado, reduciendo la fricción de vender entre regímenes. Un mecanismo financiero financiaría infraestructura de recolección precisamente en las regiones donde la fuga al océano es peor y de donde podría salir la materia prima futura. Y cualquier piso vinculante, por bajo que sea, convertiría más demanda voluntaria mundial de material reciclado en demanda obligada, de la que sobrevive a los ciclos de commodities.

Por eso los actores serios de la industria siguen presentándose en Ginebra a través de sus coaliciones, y por eso la Business Coalition for a Global Plastics Treaty, que representa a cientos de empresas, pidió públicamente a los gobiernos seguir negociando antes que conformarse con un texto hueco.

Implicaciones para la industria

Para los productores de empaques y sus proveedores en las Américas, las conclusiones prácticas son poco glamorosas pero claras. Planifique contra la ley regional más estricta donde venda, no contra un piso global hipotético. Trate las metas voluntarias como estrategia reputacional y las metas reguladas como estrategia de compras. Y reconozca que el largo estancamiento eleva el valor de lo que ya funciona: sistemas de recolección que entregan material limpio, habilitaciones de contacto alimentario que ya existen y relaciones de suministro que no dependen de ningún avance diplomático.

Breve historia de una negociación larga

La cronología comprimida explica la fatiga en la sala. Marzo de 2022: la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adopta el mandato, celebrado entonces como el mayor acuerdo ambiental desde París, con una meta de dos años. De fines de 2022 a 2024: la INC-1 en Uruguay, la INC-2 en París, la INC-3 en Nairobi y la INC-4 en Ottawa producen un borrador cada vez más largo, plagado de alternativas entre corchetes en lugar de texto convergente. Diciembre de 2024: la INC-5 en Busan, que debía ser la sesión final, se levanta sin acuerdo. Agosto de 2025: la sesión reanudada en Ginebra se pasa de su cierre programado, quema dos textos de la presidencia en el último día y vuelve a levantarse. Octubre de 2025: el presidente renuncia. Febrero de 2026: una sesión de un día elige a su sucesor y nada más.

Dos cosas de ese arco se pierden con facilidad. Primera: el borrador sustantivo sí maduró. Definiciones, disposiciones de diseño de producto y capítulos de gestión de residuos están cerca de aterrizar, y los negociadores reportan de forma consistente que un instrumento más angosto podría acordarse rápido si se separaran los capítulos de producción y financiamiento. Segunda: la lógica del plazo se invirtió. En 2022 la urgencia era el motor del tratado; para 2026, cada sesión fallida le enseñó a la minoría bloqueadora que el tiempo no le cuesta nada. Esa es exactamente la dinámica que el nuevo presidente debe romper, y por eso sus primeras decisiones de agenda dirán más que cualquier comunicado.

La paradoja de una industria pidiendo reglas

El rasgo más extraño de esta negociación, para cualquiera que lleve décadas observando la diplomacia ambiental, es que un bloque sustancial de la industria regulada quiere el tratado. Cientos de empresas de toda la cadena de valor del empaque, organizadas en la coalición empresarial, han urgido repetidamente a los gobiernos hacia reglas globales vinculantes de diseño de producto, contenido reciclado y REP. El motivo no es altruismo; es aritmética. Una multinacional que opera en sesenta mercados paga más por cumplir sesenta regímenes divergentes que un solo piso armonizado, y no puede invertir en infraestructura de reciclaje a escala cuando las reglas que determinan los retornos cambian por frontera y por ciclo electoral.

Ese es el lente por el que el estancamiento más daña a los negocios: no como obligación esquivada sino como consolidación perdida. Cada año sin piso global es otro año en que la complejidad de cumplimiento se acumula, los regímenes regionales se separan más y el costo de armonizar después sube. Las empresas que tratan el tratado como un respiro están optimizando el trimestre. Las que construyen sistemas de documentación, suministro certificado y trazabilidad capaces de satisfacer cualquier tratado plausible están comprando opcionalidad sobre todos los futuros regulatorios a la vez, que es la única cobertura que esta negociación todavía ofrece.

Qué observar

Tres señales dirán si el proceso revive o se queda a la deriva. Primera: si el nuevo presidente convierte su mandato en una sesión negociadora agendada con un texto consolidado, y qué tan rápido. Segunda: si la coalición ambiciosa empieza a construir compromisos plurilaterales paralelos fuera de la vía de la ONU, un patrón visto en otras negociaciones ambientales estancadas. Tercera: si se resuelve la cuestión de consenso versus votación, porque esa sola decisión procesal determina si la ambición de la mayoría puede convertirse alguna vez en texto.

Hasta entonces, el tratado se entiende mejor no como ley pendiente sino como barómetro de dirección. La dirección lleva una década siendo consistente: menos fuga, más recolección, más contenido reciclado, más rendición de cuentas. Los instrumentos que la hacen cumplir son regionales, ya están vigentes y son alrededor de los cuales vale la pena construir una cadena de suministro.